Direitos versus orçamentos: uma análise sobre o custo da judicialização da saúde no município de Cerro Largo/RS

Abstract

Se entiende por judicialización la ampliación del espacio del Poder Judicial como arena decisoria de asuntos de política (politics) y de políticas (policies). Uno de los ejemplos de este fenómeno viene de la salud, caracterizado por la proliferación de acciones judiciales individuales buscando la adjudicación de medicamentos, cirugías y tratamientos diversos. Los municipios han sido particularmente afectados por el proceso de judicialización de la salud, dada la posición central que les corresponde en el sistema de salud brasileño. La concreción del derecho a la salud pasó a ser determinada por medio de bloqueos de recursos en cuentas bancarias de los Entes públicos, convirtiéndose en un problema para los municipios, a quien compete la difícil misión de equilibrar la ecuación entre salud individual jurisdiccional, salud como política pública y limitaciones presupuestarias. La presente investigación buscó desentrañar la representatividad de la judicialización de la salud en el Municipio de Cerro Largo/RS, a partir de datos de las acciones judiciales y del presupuesto. La propuesta consiste en analizar el costo del derecho a la salud jurisdiccional en el Municipio, en el período que va del surgimiento de las primeras acciones, en los años de 2007/2008, con el "descubrimiento" de las llamadas "acciones de medicamentos" como herramienta de tutela de la salud por los actores locales, hasta la disminución significativa de los procesos enjuiciados contra el Municipio, a partir de 2014/2015. Desde el punto de vista metodológico se optó por la investigación cualitativa, bibliográfica y documental. Se investigó, registró y cuantificó las acciones relacionadas a prestaciones de salud enjuiciadas contra el Municipio de Cerro Largo con el propósito de evaluar su impacto financiero en el presupuesto municipal. El análisis de los datos se dio por la técnica del análisis de contenido, basándose en interpretación e inferencias derivadas de la explotación de los datos y del tratamiento de los resultados. Los datos recolectados permiten concluir que el efecto financiero directo de las acciones judiciales no fue expresivo, si se considera el conjunto de los gastos en salud en el ámbito del Municipio. Pero, por otro lado, el número de acciones es significativo, de lo que surgen efectos financieros indirectos de difícil medición (costos judiciales, honorarios, compras sin licitación, etc.). Los efectos perniciosos de la judicialización aparecen cuando se analiza el grupo de acciones de mayor impacto financiero, pues un pequeño número de procesos y pacientes respondió por una parte significativa de los recursos sustraídos de las cuentas del municipio. No se encontró ninguna acción buscando tutelas de interés colectivo, tales como la creación o ejecución de políticas públicas para la salud, o sea, todas las acciones buscan la adjudicación de prestaciones a nivel individual. Y si los recursos están disponibles para algunos pacientes no lo están para las políticas públicas. En Cerro Largo el aumento del número de acciones deriva directamente de la instalación de la Defensoría Pública que pasó a ofrecer servicios de orientación y tutela judicial a la población, favoreciendo el crecimiento del número de acciones relacionadas a prestaciones en materia de salud. Pero los problemas de la judicialización no se limitan a la esfera local, ni tampoco a los efectos financieros directos. Hay costos soportados por todos, incluso en lo que dice con la estabilidad del sistema democrático, pues a todo derecho corresponden costos, financieros y de oportunidad.